El gobernador de Delaware, Matt Meyer, veta el proyecto de ley contra el robo de salarios, argumentando posibles consecuencias no deseadas

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El gobernador de Delaware, Matt Meyer, ha vetado la legislación diseñada para combatir el robo de salarios en la industria de la construcción.

El proyecto de ley, patrocinado por el senador estatal Jack Walsh, D–Pike Creek, y el representante estatal Ed Osienski, D–Newark, tenía como objetivo eliminar las lagunas que permiten a un contratista general clasificar erróneamente a un empleado como contratista independiente, lo que potencialmente lo hace inelegible para beneficios como pago de horas extras, seguro de desempleo y compensación laboral.

La legislación también habría responsabilizado al contratista general del cumplimiento de la ley estatal por parte de un subcontratista. Actualmente, el Departamento de Trabajo no puede sancionar a las empresas que no se registren como subcontratistas. También le permitió denegar, suspender o revocar el certificado de registro de un contratista que contrate a subcontratistas no registrados.

Walsh afirmó que el contratista general, quien supervisa las actividades diarias de un proyecto de construcción, ya es responsable de todo lo que ocurre durante el proyecto, incluyendo a los subcontratistas. Este proyecto, añadió, refuerza la ley.

“Son los representantes del dueño en un proyecto”, dijo Walsh. “Y luego, cuando se trata de proteger a sus trabajadores, quieren desentenderse, y eso simplemente no está bien. Los trabajadores están siendo explotados y esto tiene que empezar por algún lado”.

En su mensaje de veto, Meyer dijo que apoyaba abordar el robo de salarios, pero que le preocupaba responsabilizar al contratista por los malhechores.

“Tenemos la obligación de hacer cumplir las leyes y regulaciones vigentes en materia de robo de salarios”, decía el mensaje de Meyer. “Contamos con las herramientas para hacerlo sin imponer cargas adicionales a las empresas”.

Walsh y Osienski dijeron que están pidiendo a los legisladores estatales que anulen el veto de Meyer. En respuesta a su mensaje de veto, acusaron al gobernador de oponerse abiertamente a los trabajadores locales.

“Al vetar este proyecto de ley, el gobernador ha optado por aliarse con los poderosos grupos de presión de los contratistas en lugar de con los miles de trabajadores honestos —muchos de ellos inmigrantes y personas de color— que se ven privados a diario de salarios justos y protecciones básicas”, declararon en un comunicado de prensa conjunto.

“Vetar este proyecto envía un mensaje peligroso: que Delaware seguirá tolerando lagunas legales que permiten a los malhechores explotar a los trabajadores, evadir impuestos y perjudicar a los contratistas que cumplen la ley y hacen las cosas correctamente”.

Meyer refutó ese argumento ante periodistas al decir que su veto estaba protegiendo a las pequeñas y nuevas empresas propiedad de minorías.

“Si socavar a los contratistas de pequeñas minorías es una prioridad para ustedes, entonces adelante, anulen el veto”, dijo. “Si la afirmación es que no estamos haciendo un buen trabajo al aplicarlo a los subcontratistas, y ahora tendríamos que aplicarlo contra los subcontratistas y contratistas, lo cual no tiene sentido para nosotros”.

Partidarios y opositores

La legislación afrontó un rechazo considerable por parte de líderes empresariales y grupos comerciales de la industria, tales como la Asociación de Constructores y Contratistas de Delaware, la Comisión Hispana de Delaware, Hábitat para la Humanidad, la Asociación de Constructores de Viviendas de Delaware y la Cámara de Comercio del condado de New Castle debido al problema de la responsabilidad.

Al menos un grupo que representa a las comunidades minoritarias, la Comisión Hispana de Delaware, escribió al gobernador a principios de este año oponiéndose al proyecto de ley.

“Muchas personas hispanas y latinas, especialmente las que trabajan en construcción y paisajismo, lo hacen como contratistas independientes por necesidad”, decía la carta. “Este proyecto de ley podría limitar significativamente sus oportunidades al desalentar a los contratistas generales a trabajar con ellos debido al riesgo de responsabilidad solidaria”.

La comisión también expresó su preocupación porque presionar para que más subcontratistas se registren en el estado crearía una base de datos de trabajadores indocumentados que podría ser utilizada indebidamente.

Sin embargo, el Consejo Regional de Carpinteros de los Estados del Atlántico Oeste apoyó el proyecto de ley y dijo en una carta a Meyer que la responsabilidad solidaria es una política sensata y que ya ha sido implementada por Nueva Jersey y Washington, D.C.

“Si bien los grupos de presión corporativos de las organizaciones de propietarios de empresas de construcción afirman que los contratistas son espectadores indefensos ante las acciones de los subcontratistas, la verdad es que los contratistas generales que utilizan sin escrúpulos subcontratistas se benefician de un sistema que incentiva la negación plausible”, dijo el grupo.

El mensaje de veto de Meyer decía que el Departamento de Trabajo del estado necesitaba más recursos para hacer cumplir las leyes existentes.

“Para proteger significativamente a los trabajadores, debemos considerar aumentar la financiación y la dotación de personal para que el Departamento de Trabajo pueda ejercer eficazmente el cumplimiento de sus responsabilidades”, escribió. “Además, tengo la intención de explorar alternativas legislativas, políticas, educativas y vías de cumplimiento”.

Meyer dijo que estaba pidiendo a los funcionarios del Departamento de Trabajo que crearan recomendaciones para abordar el robo de salarios antes de fin de año.

Esta historia fue financiada por una subvención de cobertura de la Corporación para la Radiodifusión Pública.